Agradecimiento a Ana, Lore y a Luz el CEPAD.
Un saludo a
todas las familias de Jalisco y de Guanajuato, por qué vivas se las llevaron,
vivas las queremos, vivos se los llevaron vivos los queremos. Ojalá este sea el
inicio de una fructífera colaboración entre los Colectivos y las organizaciones
de los dos estados para buscar, identificar e investigar todas juntas.
Un saludo a mis colegas del panel: Leticia Vázquez (CLADEM),
Alejandra, Edith, Ana y a Lorena Sánchez de GIZ
Voy a compartir el proceso legislativo en Guanajuato,
describiendo las etapas previas y los retos a futuro, incluyendo también las
exigencias que tenemos para que sea un proceso adecuado y participativo.
Hace justo un año, el Congreso de Guanajuato se disponía a
publicar un combo de 3 iniciativas de Ley relativas a la búsqueda de personas,
la atención a víctimas y la declaración especial de ausencia. Una primera carta
enviada por las familias exigiendo parlamento abierto hizo que detuvieran su
maquinaria reproductora de la exclusión de las víctimas y tuvieron que abrir
dos mesas de trabajo para discutir la Ley de Búsqueda: una de diálogo y otra técnica.
Es decir, una para escuchar a las familias y otra para hacer acuerdos con
personas expertas. Mi primera premisa es que para el Congreso de Guanajuato
desde el principio de la discusión de estas 3 leyes, el Parlamento Abierto
consiste en una consulta electrónica y en escuchar con oídos sordos el
testimonio de las familias. El Congreso piensa que el aporte de las familias no
puede ser técnico. Se equivoca.
Las familias evidenciaron las mentiras y la simulación del
Congreso, presentando documentos técnicos para “dialogar” de tú a tú con las
diputadas y los diputados del Congreso. Así se pudo eliminar la categoría de
persona no localizada y reforzar el Sistema Estatal de Búsqueda. Ello pasó
también por evidenciar permanentemente los malos tratos y las omisiones en la
investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Ello no hubiera sido posible sin el apoyo de la Oficina en
México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sin la Cruz
Roja o sin organizaciones como “BÚSCAME Buscando desaparecidos México” que
colaboraron en la discusión de la Ley de Búsqueda. Sabemos que Jalisco tiene
una Comisión creada por decreto y ponemos nuestra experiencia para que aporte a
la discusión legislativa de su Ley.
Hago este breve recuento por qué la historia se repite.
Ahora el Congreso de Guanajuato se prepara para aprobar un
dictamen sin el aval de las familias. Retomaron el documento discutido antes de
noviembre de 2019 sin las familias, incumpliendo el artículo 5º de la Ley
General relativo al derecho que tienen las familias a participar en todos los
asuntos que les conciernen.
Teniendo como apoyo al Poder Judicial y a la Procuraduría de
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, las Comisiones que analizan la
iniciativa pretenden aprobar un documento restrictivo de la figura de
Declaración Especial de Ausencia.
Las observaciones en Guanajuato a ese documento son:
- No se
incorpora enfoque especial y diferenciado
- Se limita
el universo de quiénes se encuentren en la necesidad de la DEAPD
- Desconoce
el contexto adverso de seguridad que vive la entidad ya que establece como
condición para solicitar la Declaración Especial de Ausencia de una Persona
Desaparecidas, que se presuma la posible comisión de un delito
- En dicho
documento se eliminaron párrafos y artículos enteros de la iniciativa original,
lo que tiene como consecuencia que, de aprobarse de esta manera, se generarán
vacíos legales que pueden convertirse en un obstáculo para acceder a la DEAPD.
El 28 de octubre se llevó a cabo una mesa de 3 horas en el
Congreso, que desconocemos si será el único espacio de diálogo con las
familias. En ésta, solicitamos que se regresara la discusión a la iniciativa
original del mes de mayo de 2019, la presidenta de las Comisiones Unidas dijo
que la discusión estaba abierta, pero continuaron la discusión del anteproyecto
de dictamen, ignorando la petición de las familias y sus acompañantes.
Se puede afirmar entonces que, de aprobarse así, esta
iniciativa sería equivalente a la presunción de muerte, con lo que violaría de
nuevo la Ley General, esa que dicen que quieren cumplir con esta Ley, además de
violar los Principios Rectores y la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra desaparición de personas de la ONU.
Por ello, las familias del Colectivo Buscadoras y la
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato desde ahora desconocen el
proceso y rechazan una iniciativa de Ley que no haya recuperado las propuestas
de las familias de personas desaparecidas y de sus acompañantes.
También quisiéramos señalar que solicitamos una audiencia
ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero negaron nuestro derecho
de audiencia por qué no teníamos sello de acuse de recibido del oficio. La
Secretaría General usa el correo electrónico para enviar información a las
familias, pero las familias no pueden solicitar reunión vía correo electrónico.
En realidad, no quisieron discutir los argumentos de las familias. Son ciegos,
sordos e insensibles. Están acostumbrados a administrar el dolor. Ahora ya se
preparan para sus nuevos puestos políticos, para su chapulineo sin avanzar en
sus pendientes con las familias.
Son las mismas diputadas y los mismos diputados que
eligieron a Carlos Zamarripa como Fiscal Carnal para 9 años, que se sumarán a los
10 que ya tiene en el puesto. El más carnal y el más longevo en el puesto. En
su gestión las desapariciones se han multiplicado y los cárteles han crecido
exponencialmente, no existe ni un solo caso de desaparición que haya sido
judicializado en Guanajuato.
Concluyendo, es fundamental contar con la Ley de Declaración
Especial de Ausencia, pero que sea acorde a los estándares nacionales e
internacionales en la materia. El lema “Guanajuato, grandeza de México” parece
que no alcanza para que el Congreso estatal proponga una metodología de
Parlamento Abierto acorde a las necesidades de las familias de personas
desaparecidas. ¡Vaya grandeza!
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