FGE viola derechos de la familia González Topete
Comunicado: FGE viola nuevamente derechos en caso González Topete
León,
Guanajuato a 27 de diciembre de 2021
El quince de noviembre de 2015, Jorge González Topete apareció muerto en un hotel de la ciudad de León, Guanajuato; la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) lejos de iniciar las averiguaciones como debía ser, con autorización de un sobrino de 20 años autorizó la incineración contra todos los protocolos al respecto.
Su determinación fue de suicidio, la cual fue recurrida por su viuda Laura Elena Díaz Infante González y su hija, en ese momento, única mayor de edad, María Fernanda Díaz Infante González. Ese recurso fue desechado por extemporáneo, el cual fue recurrido y, se resolvió por la autoridad judicial que se confirmaba en relación por Laura Elena, pero se revocaba por su hija María Fernanda; en ese sentido, se returnó el recurso a diversa autoridad judicial.
En la resolución de fondo, se determinó que la averiguación había sido deficiente y, se indicaron una serie de pautas para que prosiguiera la averiguación, la que se lleva en el sistema tradicional, conforme con el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato.
Con base en esa determinación, la averiguación se reanudó para todas las víctimas indirectas; al grado de que absolutamente todas las promociones que Laura Elena promovió como víctima indirecta fueron acordadas.
Laura Elena incluso pidió a la FGE se solicitara a la autoridad judicial federal que se obtuvieran las sábanas de los registros de las llamadas telefónicas de su esposo el día de los hechos; esa petición fue negada, pero nunca se dijo que ella había perdido su calidad de víctima indirecta.
Laura Elena, de nuevo en su calidad de víctima indirecta, promovió juicio de amparo en contra de esa determinación, el que se concedió para el efecto de que se hiciera la petición de esos registros; el Fiscal General del Estado lo realizó de manera deficiente al grado de que el Juez de Distrito le dijo que si persistía en su deficiente actuación le daría vista a la Fiscalía General de la República.
Además, hasta que Laura Elena obtuvo el pago del seguro de vida, porque ganó el juicio para tal efecto, contrató peritos particulares y, en su calidad de víctima indirecta, ofreció las pruebas de medicina, toxicología, genética, dactilares, telecomunicaciones y criminalística, con las que se demostró que no se trataba de suicidio, sino de homicidio. Nuevamente, esas pruebas se admitieron a Laura Elena en su calidad de víctima indirecta.
Con base en el cúmulo de elementos aportados, Laura Elena nuevamente solicitó que se hicieran más indagaciones, a lo que el personal de la fiscalía dijo que no era necesario, -porque en su erróneo criterio- no había ningún elemento idóneo para tal efecto.
Dada la negligente actividad de la fiscala, Laura Elena y sus hijas promovieron responsabilidad de la fiscalía por lo que se refiere a una reparación integral, así como moral. Ese procedimiento se lleva en la propia fiscalía, lleva dos años y no se ha resuelto.
Asimismo, con el apoyo de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Laura Elena ha denunciado en la prensa estatal y nacional, organizaciones no gubernamentales y, ante la Organización de las Naciones Unidas, las deficiencias y negligencias de la fiscalía estatal.
Con base en ello, sorpresivamente, el personal de la fiscalía citó a Laura Elena, en su calidad de víctima indirecta, a una diligencia el 23 de noviembre de 2021, con apercibimiento de multa para el caso de no asistir.
De manera completamente arbitraria, la agente del ministerio público emitió un auto en el que resolvió que ahora Laura Elena ya no es víctima indirecta, porque se desechó el recurso que interpuso contra el no ejercicio de la acción penal. No obstante que en ningún momento desde noviembre de 2015 se le ha reconocido de manera ininterrumpida esa calidad.
Esa determinación sin lugar a duda viola los derechos humanos de Laura Elena a ser considerada víctima indirecta y a una reparación del daño, porque el procedimiento se repuso en la averiguación para todos; incluso Ministerio Publico, Fiscal, así como Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, le siguieron reconociendo ese carácter. Incluso, se insiste, la cita se hizo en su calidad de víctima indirecta.
Además, ninguna resolución judicial ha desconocido el carácter de Laura Elena como víctima indirecta.
Es importante destacar que la cita se hizo a Laura Elena después de dos años de no hacer nada en la averiguación previa y, cuando se está a punto de resolver el procedimiento de responsabilidad por reparación integral y moral. Es obvia la intención de revocar una determinación en la que de manera clara se le siguió reconociendo su calidad de víctima indirecta, por la reposición en la deficiente averiguación previa.
El actuar de la FGE claramente afecta sus derechos humanos, contenidos en los artículos 1º, 16, 17 y 20 Apartado C, de la Constitución, la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, Código de procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, así como diversos tratados internacionales.
Laura Elena y su asesor jurídico, José de Jesús Ortega de la Peña combatirán por todos los medios legales esa determinación, entre ellos el juicio de amparo, procedimientos de la Ley de local de víctimas, procedimientos de responsabilidad administrativa por notoria negligencia, Comisiones de Humanos, organismos no gubernamentales, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunales Internacionales.
De todos esos hechos tiene conocimiento la Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, quien de forma amable y comedida atendió a Laura Elena y otras víctimas, así como al representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, en la tarde del 23 de diciembre de 2021.
Es claro que en Guanajuato las víctimas son tratadas como enemigos por la fiscalía, pero no pararemos hasta lograr un Estado de Derecho y Paz, mediante todos mecanismos legales conducentes.
Atentamente
Familia
González Topete
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